Vuelven a enfrentarse los estudiantes y la policía en Santiago: 552 detenidos

Pese a los disturbios del mediodía, los estudiantes y profesores iniciaron una nueva marcha estudiantil hacia Plaza Italia, la que tampoco cuenta con autorización de las autoridades.

Ante la situación, unos mil carabineros lograron desmovilizar a los jóvenes con carros lanzaaguas y por altoparlantes les pidieron que se retiren de la calle. Además, les arrojaron gases lacrimógenos y, según denuncian los manifestantes, detuvieron a varios autobuses que se dirigían a la movilización.

El ministro de Gobierno, Andrés Chadwick, en una improvisada conferencia de prensa, responsabilizó a los jóvenes por los incidentes. «Lo que hemos visto en el día de hoy son grupos dispersos que quisieron justificar el accionar violento. (Lo sucedido) no es culpa de los carabineros, sino de quienes no quisieron apegarse a las decisiones del gobierno», afirmó.

El funcionario negó que los agentes incurrieran en un uso exagerado de la fuerza y agregó que «la responsabilidad del gobierno es tomar todas las medidas para que el orden público puede asegurarse». «Eso es lo que hicieron los carabineros mientras que los estudiantes intentaron alterarlo«, subrayó.

Más temprano, Chadwick había declarado que «los estudiantes no son los dueños de este país». Y agregó: «No podemos ser presos, como sociedad, de que sólo valen los derechos de los estudiantes a manifestarse». «Llega un límite que está dado por que el ejercicio de un grupo de personas no perjudique el derecho del resto de la ciudadanía y todos sabemos que una marcha por la Alameda rompe la tranquilidad en Santiago», declaró.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en tanto, dio un plazo de seis días al presidente Sebastián Piñera para responder a las demandas del movimiento que incluyen educación gratuita y fin al lucro, entre otros puntos.

El presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, advirtió: «En su desesperación y desinterés de responder a las problemáticas sociales, hacemos responsable al gobierno actual, que ataca y reprime autoritariamente a la población en general, incluso atentando contra la vida de nuestros propios compañeros». «Lo incitamos a dar respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de seis días, a partir de esta jornada de movilizaciones y protesta nacional».

La prohibición de marchar fue apoyada por la Justicia chilena. Si bien la Segunda Sala del Tribunal de Alzada acogió el recurso de protección presentado por los dirigentes estudiantiles para que se permitiera la manifestación, respaldó la orden de no innovar en cuanto a la autorización de ésta.

Según el fallo, se exige que que se respeten las garantías asignadas en la Constitución como «el derecho a la vida y a la integridad física y psíquicas de las personas y el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo».

No obstante, aclara que «es del caso que respecto de estas últimas actividades la norma constitucional prescribe que las ‘reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de la policía'». Por ello, la Corte calificó de «inadmisible» la acción cautelar que buscaba un permiso para marchar por el centro de Santiago.

La decisión de proscribir las marchas fue tomada por el presidente Sebastián Piñera -cuya aprobación llegó al nivel más bajo de los últimos 20 años al ubicarse en el 26%- con el argumento de la necesidad de mantener el orden. Por eso, los estudiantes consideraron que el Gobierno carece de legitimidad popular para restringir una protesta pacífica.

Para ello, Piñera empleó un decreto firmado por el dictador Augusto Pinochet en 1983, durante su gobierno de facto, que indica que las personas tienen derecho a manifestarse pero que deben pedir permiso a la autoridad. «En las calles, plazas y demás lugares de uso público las reuniones se regirán por las disposiciones generales de la policía», reseña la norma.

La operación fue rechazada por el Colegio de Profesores, cuyo presidente, Jaime Gajardo, anunció acciones judiciales contra la prohibición. «Es inconstitucional«, aseveró.

«El diálogo se está cerrando», alertó en nombre de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios Freddy Fuentes. «Hay intransigencia del Gobierno», agregó por su parte el titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Camilo Ballesteros.

La estudiante universitaria Camila Vallejos aseguró que «Santiago parece bajo estado de sitio«. «Escuché balazos», afirmó la líder de los escolares Laura Ortiz. «Esto es dictatorial, estamos impactados», insistió, con voz entrecortada.

Las escaramuzas, que dejaron zonas del centro capitalino impregnadas de gases lacrimógenos, desplegaron policías a pie, a caballo y en vehículos motorizados.

Varias columnas de estudiantes universitarios y secundarios intentaron ingresar al centro de Santiago para manifestarse, pero fueron reprimidos por la policía. Más temprano, los manifestantes ya habían levantado barricadas con neumáticos encendidos en 12 puntos de Santiago y también fueron reprimidos con gases lacrimógenos y carros lanzaguas. También se registran disturbios en ciudades del interior del país como Iquique, Valparaíso y Concepción

Una de estas barricadas se levantó en pleno centro de Santiago, donde estudiantes quemaron neumáticos y maderas a pocos metros del emblemático colegio Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, que hace dos meses se encuentran tomados por estudiantes. La crisis en la educación media y universitaria es tal que llevan más de 60 días sin dictar clases.

Por la noche, se desató un incendio feroz en un local de la cadena La Polar, que según testigos habría sido iniciado por saqueadores. A su vez, medios locales reportaron que las barricadas obstaculizaron el paso de los camiones de bomberos.

Una de las situaciones de más tensión se habría vivido en la ciudad de Concepción, la segunda más grande del país, aunque la escasa repercusión en los medios limitó la información a lo que comunicaban los estudiantes, que denunciaron que la policía rompió cortó la luz, rompió los vidrios y arrojó gases lacrimógenos dentro de las universidades y colegios secundarios tomados por los alumnos. Inlcuso, más de un rector se habría apersonado en las sedes para aclarar que no había autorizado el ingreso de los carabineros, que está prohíbido por la ley.

A su vez, en todo el país se sintió un masivo «cacerolazo», una metodología que suele ser utilizada para protestar por la clase media, más reacia a manifestarse en las calles. Sin embargo, en Chile, desde la dictadura de Pinochet no ser hacía sentir el ruido del teflón por las calles de Chile.

De acuerdo al balance del Ministerio del Interior, la jornada arrojó un saldo de 552 personas detenidas y 29 carabineros y 2 estudiantes heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser atropellado por un móvil policial, aunque esta información no fue confirmada. Los estudiantes afirmaron que habría más lesionados entre sus filas. Sin embargo, no hubo fallecidos, tal como se especuló durante varias horas de la noche.

Las marchas se desarrollan en medio de la desilusión de los estudiantes ante una última propuesta del Gobierno para acabar con las protestas, pero que no satisface la exigencia estudiantil de realizar una serie de reformas constitucionales que fortalezcan la educación pública.

En Chile, la mayoría de la educación escolar requiere pago de mensualidades, además de toda la educación universitaria, considerada una de las más caras del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una familia con dos hijos en la universidad puede llegar a tener que pagar 2 mil dólares en mensualidades.

Como el 90% del país vive con menos de eso como ingreso mensual, los jóvenes deben endeudarse para estudiar asumiendo créditos por hasta 60 mil dólares que pagan durante años.