La AFIP realizó un sorpresivo operativo en el hipódromo de Paraná

La incursión de los inspectores se dio para establecer la situación fiscal del casi centenar de caballos de carrera que descansan en las caballerizas y determinar la eventual existencia de trabajo «esclavo» entre vareadores y cuidadores.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) montó ayer un gran operativo de control en las instalaciones del Hipódromo Almafuerte, en procura de establecer la situación fiscal del casi centenar de caballos de carrera que descansan en las caballerizas, y también determinar la eventual existencia de trabajo «esclavo» entre vareadores y cuidadores.
Se trató, según contaron fuentes de la AFIP, de un operativo «de rutina», por lo cual no tuvo características de allanamiento. En ese caso, el organismo recaudador nacional debe conseguir una orden impartida por la Justicia Federal. Por eso, para acceder a las instalaciones debieron conseguir un permiso especial de los nuevos dueños, el grupo francés Libertad.
La sorpresiva intervención se dio en el marco de un conflicto todavía no superado entre los responsables de la consultora Medcoar, que encaró el proyecto de refuncionalización del amplio predio de 23 hectáreas que perteneciera al Jockey Club, los dueños de caballos, los empleados y las seis familias que sin ser parte de la actividad habitan desde hace años en el lugar.
Los privados apuran una solución por cuanto quieren contar con el predio desocupado para encarar un proyecto global que apunta a levantar en el lugar un shopping, un centro comercial y un barrio privado. Pero para eso urge reubicar las actividades hípicas en el nuevo predio proyectado en Oro Verde. Pero como allí las obras recién estarán listas en 90 días las complicaciones no tardaron en aparecer.
El operativo, sorpresivo, hasta ayer no había arrojado resultados por cuanto la tarea de cruzamiento de datos recién estará lista para hoy.
«Lo único que le puedo decir es que fue un procedimiento de rutina, sin orden de allanamiento ni intervención de la Justicia Federal. Pero por ahora no podemos dar más información. Falta conseguir datos que nos dará el cruzamiento de información», señalaron.
Otras fuentes consultadas por El Diario informaron que en realidad se había ido tras un dato que, después, no se pudo confirmar. «Habían pasado un dato de que allí, en el Hipódromo, había trabajo esclavo. Pero en realidad es un asentamiento de gente que hace rato que está ahí. Le vendieron pescado podrido», relató un funcionario de la provincia.
Desde la AFIP, sin embargo, señalaron que se fue tras objetivos precisos: además del trabajo esclavo, se buscó determinar «evasión impositiva y tributaria entre los dueños de los caballos. Seguramente alguna información relevante vamos a obtener de este operativo».
La actividad hípica requiere de la inscripción de cada uno de los animales, y la tributación al fisco por parte de sus dueños, como ocurre, por ejemplo, con la patentes de vehículos o con embarcaciones. La sospecha de los inspectores de la AFIP es respecto de la situación impositiva de esos animales.
El operativo de control, que contó con la colaboración de personal de la Policía Federal y de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación, se cumplió ayer a mediodía y se extendió durante más de tres horas. Un punto que llamó la atención de los inspectores fue la situación en la que viven las personas que han tomado como hábitat las instalaciones del Hipódromo Almafuerte.
El desembarco del Grupo Libertad, y la transformación del predio en shopping, centro comercial y loteo, demandará, entre otras cosas, no solamente la mudanza de las actividades hípicas hacia el nuevo predio de Oro Verde, sino también reubicar a esas personas.
Por fuera de eso, la AFIP procurará avanzar sobre los dueños de caballos de carrera, algo que, dijeron, deparará «algunas sorpresas». Al respecto, se explicó: «Queremos ver si hay papeles que acrediten la titularidad. De veras que no sabemos nada quiénes son los dueños. Eso lo vamos a determinar con la información que recabamos en el operativo, y con los datos que nos va a aportar seguramente el Jockey Club», indicó la fuente consultada.
La incursión de la AFIP en el Hipódromo se dio en el marco de un conflicto de intereses que lejos está de concluir. La Defensoría local, que procuró mediar, recibió ayer un primer informe de la consultora que responde a la petición hecha en torno al futuro de las familias que serán desalojadas; pero resta todavía conocer un posicionamiento del Jockey, que todavía el organismo que dirige Luis Garay no ha recibido.

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