Ingresa en la etapa final el juicio por el robo de bebés

A las 9 se iniciará el tramo final del juicio por robo de bebés en Paraná, con la ampliación de la indagatoria de al menos uno de los acusados y los alegatos de las querellas y los fiscales. La semana que viene se conocería la sentencia.
Juan Daniel Amelong buscará convertirse en el protagonista de la jornada y su intervención –ya solicitada en la última audiencia– podría extenderse indefinidamente. El represor, que también es abogado y ejerce su propia defensa en conjunto en el defensor oficial Mario Franchi, se dedicaría a utilizar su ampliación de indagatoria para solicitar medidas probatorias de difícil cumplimiento. En el juicio que se desarrolló en Rosario por la causa Guerrieri, que le valió una condena de prisión perpetua, pidió más de 90 y todas le fueron rechazadas.
Esa situación, ya vivida por algunos de los abogados querellantes en Rosario, hacen suponer que la voz de Amelong se escuchará durante gran parte de la mañana y podría condicionar la presentación de los alegatos durante la misma jornada. Además, en el medio debe realizarse la introducción por lectura de las pruebas documentales y testimoniales que correspondan.
De todos modos, Amelong podría no ser el único en ampliar su indagatoria. En su momento el procesado Marino González también había solicitado hacer uso de la palabra, aunque luego su defensa dio marcha atrás. De la misma manera, es una incógnita si el médico militar Juan Antonio Zaccaría decidirá volver declarar.
En caso de que no puedan completarse los alegatos hoy, continuarían los días siguientes. El orden previsto es: las querellas (en forma unificada), la Fiscalía y las defensas. Luego será el momento de las réplicas y contrarréplicas y posteriormente las últimas palabras de los imputados. La idea original del tribunal era dar a conocer su sentencia el jueves 13, pero esto podría variar.
El juicio por la causa Hospital Militar tiene por finalidad determinar las responsabilidades penales por el robo y la supresión de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Sabrina Gullino, uno de esos hijos, fue encontrada a fines de 2008 y se le restituyó su identidad biológica.
Uno de delitos investigados es el que está previsto en el artículo 139 inciso 2º del Código Penal, que prevé que se impondrá prisión de dos a seis años “al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. El 139 bis establece que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años “el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo (Supresión y suposición del estado civil y de la Identidad), haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.
El otro delito está descripto en el artículo 146, que prescribe: “Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”. Además el 147 indica que “en la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de 0 años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición”.
Por estos crímenes, cometidos en el marco del plan sistemático de represión ilegal que tuvo vigencia en el país entre 1976 y 1983, son juzgados los militares de Inteligencia Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
El represor Rivas se negó a declarar y seguirá con prisión domiciliaria
El ex oficial instructor del Segundo Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona 22 Paraná durante la última dictadura, Alberto Rivas, continuará con prisión domiciliaria en Tucumán. Así lo dispuso el juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, el viernes, luego de que el represor se abstuviera de declarar.
Rivas fue citado a declaración indagatoria en el marco de la causa Denuncia Comisión de Delitos de Lesa Humanidad años 1976/1977, que se inició en mayo de este año y busca determinar las responsabilidades de los genocidas Ramón Genaro Díaz Bessone, Alberto Rivas, Rosa Susana Bidinost, José Anselmo Appelhans, Hugo Moyano y Jorge Humberto Appiani en distintas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata de un desprendimiento de la megacausa conocida como Área Paraná que fue elevada a juicio.
La indagatoria del viernes se realizó mediante el sistema de videoconferencia y Rivas, desde Tucumán, hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar. No obstante, solicitó dialogar en línea privada con el defensor oficial Mario Franchi, quien luego solicitó al juez que no se variaran las condiciones de detención del represor, se informó.
Zonis resolvió entonces que Rivas continúe con prisión domiciliaria en Tucumán, en calidad de procesado en la causa Área Paraná.