El abogado de las Madres admitió que cobra 15 mil pesos por mes

El Estado firmó un acuerdo con la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo por más de un millón de pesos para financiar el Laboratorio de Políticas Institucionales, que está integrado por Eduardo Barcesat y abogados que trabajan con él. «No tiene nada que ver con mi tarea como patrocinante. Si surge alguna incompatibilidad, debería renunciar», admitió

En momentos en que las Madres de Plaza de Mayo están en la lupa de la Justicia y de la sociedad por el manejo de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales, una nueva polémica salió a la luz.

En las últimas horas trascendió un acuerdo que liga al Estado con la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, que tiene también como rectora e integrante del Consejo Superior a Hebe de Bonafini.

El convenio asciende a $1.080.000, que se abona en doce cuotas mensuales de $90.000, según los documentos a los que accedió Infobae.com.

Los fondos son girados directamente por la Universidad al Laboratorio de Políticas Institucionales, que llamativamente está integrado por el abogado de Bonafini, Eduardo Barcesat y todos los letrados que colaboran con él en diversas causas. Entre ellos, se encuentran María Jaume, Antonio Rojas Salinas, Gabriel Chamorro, Roberto Boico, Héctor Masquelet y María Isabel Piastri.

De hecho, todos los profesionales están dedicados ahora a las causas judiciales que encabezan los jueces federales Norberto Oyarbide y Marcelo Martínez de Giorgi por el escándalo que desató tras la salida de los hermanos Schoklender de la fundación.

Recientemente se los pudo ver a todos juntos en los tribunales de Comodoro Py, en ocasión de la presentación de Bonafini para ser aceptada como querellante en la causa por lavado de dinero y administración fraudulenta de fondos públicos.

Barcesat admitió la existencia del Laboratorio en Radio 10 y explicó que son tareas independientes las que realiza como abogado patrocinante que las que desempeña en la Universidad de las Madres.

Según explicó, percibe $15.000 por mes por sus actividades en el Laboratorio y el resto de los letrados que forman parte del equipo reciben una remuneración de 12.500 pesos. «No creo que ningún estudio cobre tan poco por patrocinar a una persona en una causa de esta envergadura», ironizó para dejar en claro la independencia de ambas actividades.

Sin bien dijo que cree que no hay incompatibilidades entre las dos funciones, admitió que en caso de que la Justicia no admita como querellantes a las Madres, deberá «tomar una decisión». «O voy a tener que renunciar al patrocinio o a mi función en el Laboratorio», indicó.

Estos mismos abogados, desde el Laboratorio de Políticas institucionales, tuvieron activa participación en la denuncia que se realizó contra la candidatura de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Según esgrimían, el jefe de Gobierno no podía pelear por la reelección debido a las imputaciones que pesan sobre él en la causa por las escuchas.

Y tiempo atrás, firmaron un recurso de amparo para declarar nulo e inconstitucional un decreto de necesidad y urgencia que firmó Macri para sancionar a quienes impidan la circulación de publicaciones en el ámbito de la Capital.

Además de cuestiones laborales, la mayoría de los integrantes del grupo están vinculados con las cátedras que tiene Barcesat en distintas facultades, entre ellas la de derecho de la Universidad de Buenos Aires. Barcesat es un reconocido constitucionalista con varios años de trayectoria en la enseñanza pública y privada.

Hasta hace apenas unos días, el grupo estaba conformado también por Hugo Gallardo, quien debió dejar su lugar como apoderado de las Madres manchado por el escándalo Schoklender, por su cercanía con los hermanos. Su lugar fue ocupado por un ex compañero de tareas: Rojas Salinas.

Barcesat le factura $15.000 a la Universidad por sus tareas en el Laboratorio y el resto de los abogados $12.500, ininterrumpidamente desde enero. Sin embargo, este espacio no se creó con el fin de pagar los honorarios de los abogados de Bonafini, sino para proyectar políticas de gestión que pudieran serle de utilidad al gobierno nacional.

Es más, allegados a las Madres cuentan que los profesionales se niegan a descontar de sus honorarios impuestos y otras tasas administrativas, que son soportadas financieramente por la organización de derechos humanos.