Caso Julio López: la empresa de un ex jefe policial, en la mira
La justicia federal platense investiga una firma creada por Sobrado.
La justicia federal platense investiga una posible vinculación entre una enigmática empresa fundada por el ex jefe de policía bonaerense Alberto Sobrado -exonerado en 2003-, y la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida hace casi cinco años.
La pista, mantenida en estricta reserva, constituye uno de los 60 apartados en que se divide el expediente (N° 16.060), seguido por la Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad de la Justicia Federal local. Según la denuncia, la empresa Broders SRL, creada en mayo de 1991 por Sobrado y por el policía retirado Roberto Giusti, habría intervenido en el secuestro de López, el testigo clave del juicio contra el ex jefe de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz.
A través de su abogado, Roberto Citterio, Sobrado reconoció su participación en la creación de Broders, aunque aseguró a LA NACION que se desvinculó de la firma en 1995. Como prueba, aportó la fotocopia de un acta en la que cede su parte a Cristina Norma Maiarú, una locutora ligada a agencias de seguridad. No obstante, testimonios reservados señalan que Sobrado habría mantenido lazos e injerencia en Broders; además, en varios registros oficiales, sigue apareciendo vinculado a la agencia.
La línea de investigación en la causa López surgió de la declaración del periodista alemán Jan Uwe Ronneburger, corresponsal de la agencia de noticias Deutsche Presse Agentur (DPA) en Buenos Aires, quien a fines de 2006 publicó información aportada primero por una fuente anónima y luego ampliada bajo el esquema de testigo de identidad reservada. El testimonio brindó precisiones sobre un operativo montado para secuestrar y luego asesinar a López.
Aquel despacho de DPA señalaba que esta información había sido acercada, confidencialmente, por un organismo defensor de los derechos humanos, al despacho de un funcionario ligado al Ejecutivo nacional.
En su declaración judicial, el corresponsal extranjero dijo que el día de los alegatos en el juicio contra Etchecolatz, el testigo desaparecido habría sido forzado a cambiar su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, y que «ese extremo conllevaría un cambio político del juicio, toda vez que habría puesto en tela de juicio a todos los demás testimonios de la causa».
Según lo denunciado, Broders -inscripta como transportadora de caudales- habría aportado la logística del secuestro, ocurrido entre la madrugada y la mañana del 18 de septiembre de 2006. La negativa de López habría complicado las cosas y los ejecutores del plan decidieron secuestrarlo y, luego, asesinarlo.
Los instructores mantienen esa línea de investigación, compilada en el legajo N° 20, como una «pista reservada», según fuentes judiciales. La pesquisa se centró en Giusti, que se retiró, días antes de la desaparición de López, e incluyó tareas de inteligencia, seguimientos a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y escuchas telefónicas.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellantes en el caso, cuestionan la forma en que esta hipótesis fue trabajada por la Justicia. Criticaron que lo dicho por el corresponsal comenzó a investigarse en agosto de 2007, casi nueve meses después de la denuncia. Pese a todo, los organismos mantuvieron en reserva la pista por creer que era verosímil, explicó a LA NACION uno de los letrados de la querella.
Los organismos indicaron en un escrito de la causa que estaban preocupados porque esta pista no se había tomado con la debida consideración. «Es imprescindible esclarecer la actual situación de la empresa y la existencia de comisión de delitos que la irregular situación conlleva», dijeron.
En diciembre de 2007, el juez Arnaldo Corazza -entonces a cargo del caso- rechazó la realización de un allanamiento en una de las supuestas sedes de Broders, en Caseros, partido de Tres de Febrero. Corazza alegó que no había «elementos suficientes» para llevar adelante la medida.
El abogado de la familia López, Alfredo Gascón, tampoco se manifestó conforme con la actuación judicial respecto de esta línea de investigación. «Pedí que se cruzaran los datos con otra presentación que hizo un preso y que, según mi criterio, tenía puntos de contacto llamativos, pero esto no se hizo», dijo a LA NACION el abogado.
A partir de la reasignación de la causa que, en marzo de 2009, recayó en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Manuel Humberto Blanco, los querellantes reclamaron reactualizar la pista Broders. Luego de varias idas y venidas, la instrucción del caso fue derivada a la Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad de la Justicia Federal, a cargo de los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, que dispusieron una serie de medidas, pero, hasta el momento, no hubo avances.