Se reunirán en Paraná policías de todo el país por cuestiones sindicales

Se trata de entidades que buscan el reconocimiento estatal para representar gremialmente a los funcionarios policiales y penitenciarios. Debatirán acerca de las acciones a seguir para conseguir el libre ejercicio de los derechos laborales.Entre mañana y el viernes se llevarán a cabo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) –La Rioja y Urquiza de Paraná– la VI Jornada sobre la Discriminación en el Ejercicio de los Derechos Sindicales de Policías y Penitenciarios, y el 6º Congreso Nacional de la Federación que nuclea en Argentina a 26 entidades gremiales de la rama de la seguridad, la Fassip. Así lo informaron Ricardo Raffo y Marcelo Godoy, secretarios general y adjunto de Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (Apropoler). Indicaron que la Jornada se desarrollará mañana, de 17 a 20, con acceso libre para toda la ciudadanía.

El temario del encuentro sintetiza el reclamo de Apropoler y de entidades agrupadas en Fasipp: que se les reconozca el derecho de agremiarse, representar y ser representados ante la patronal que, en todos los casos, no es ni más ni menos que los estados nacional y provinciales.

La invitación a la jornada es para “todos aquellos a los que le interese saber por qué planteamos que es beneficiosa la sindicalización de los policías”, aclararon. El planteo de quienes bregan por la agremiación es sencillo: “el trabajador sindicalizado puede hacer valer sus derechos, a consecuencia de lo cual realiza mejor su tarea y eso se traduce en mayor seguridad para la sociedad”, sintetizaron.
La jornada de mañana prevé exposiciones de policías de la República Oriental del Uruguay (agremiados que forman parte de la central PIT-CNT), de dirigentes sindicales de otras provincias, como así también del diputado provincial y ex convencional Jorge Monge –quien presentó en la Convención Constituyente de 2008 un proyecto para permitir la sindicalización en la fuerza de seguridad– y el asesor legal de Apropoler Leandro Dato, entre otros.

En abril de 2012 se cumplirán tres años desde que Apropoler presentó su estatuto en el Ministerio de Trabajo de la Nación. “En principio nos rechazaron la presentación. Insistimos citando el informe 57 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el argumento de derecho más fuerte”, especificaron. En dicho informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, el organismo internacional recomienda a los estados parte “establecer con claridad los derechos laborales e incorporar la regulación del alcance de los derechos sindicales del personal policial”.

Apropoler y el resto de las entidades sindicales que luchan por su reconocimiento sostienen que “los gobiernos provinciales no tienen competencia para decidir si tenemos o no derecho a la sindicalización. La ley de asociaciones sindicales no nos excluye, como tampoco el artículo 14º bis de la Constitución Nacional” argumentaron. Sin embargo, en mayor o menor medida, en todas las provincias las autoridades policiales sancionan a los dirigentes de esas organizaciones. El motivo, generalmente, es la realización de declaraciones a la prensa manifestando necesidades del personal como cuestiones salariales, falta de elementos de seguridad o traslados supuestamente arbitrarios. El argumento del castigo es, generalmente, no haber realizado el reclamo por los canales institucionales y, por supuesto, sin que trascienda a los medios.

Raffo y Godoy admitieron que en los últimos meses en Entre Ríos se acrecentó el diálogo con las autoridades. “Hay cierta apertura como para empezar a trabajar”, dijeron. Sin embargo, aclararon que en otras jurisdicciones se avanzó más. “En Chaco se armó una mesa de diálogo entre el sindicato y el gobierno, al igual que en Chubut”, ejemplificaron.

Sin embargo, la apertura es relativa. Apropoler, como casi todas las entidades de su tipo no pueden afiliar a los policías, sobre todo a aquellos que se encuentran en actividad. “No afiliamos porque la Jefatura de Policía emitió una circular en julio de 2010 (JP Nº 17) en la que se advierte sobre sanciones a quienes adhieran a la asociación. La asociación hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo cuestionando esa decisión pero no hubo una respuesta favorable”, reseñaron.

De todos modos, los dirigentes de la entidad de Entre Ríos consideraron que se deberá trabajar “mucho para que la cuestión esté en la agenda pública, porque aparentemente a nivel nacional no hay predisposición para discutir el tema”. Rescatan, en cambio, expresiones de apoyo a la libre agremiación de los policías de las centrales de trabajadores (CGT y CTA), como así también, la manifestación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien “se pronunció claramente a favor del ejercicio de los derechos de los policías”.