Reclaman cierre de los nueve prostíbulos existentes en Paraná

La Policía dice que “los elementos están dados” para avanzar en las clausuras, aunque creen que podría ocurrir “en la próxima gestión”. El municipio quiere actuar junto con la Justicia.

Los prostíbulos que funcionan en Paraná volvieron a estar en el centro del debate, especialmente tras las afirmaciones de algunos jefes policiales que le reprochan a la comuna por la supuesta pasividad frente a este tema.
Ayer el titular de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, comisario José Zárate, reclamó a los municipios que “se vayan adecuando las ordenanzas para que los locales que funcionan como prostíbulos se cierren”, y agregó: “En Paraná hemos presentado los elementos suficientes por los ocho prostíbulos, tanto en el marco municipal y en el marco judicial, y estamos a la espera del municipio respecto de qué decisión va a tomar en la clausura de los mismos”, indicó, responsabilizando a las autoridades municipales de esa decisión.
A criterio de Zárate, “los elementos están dados” para avanzar en la clausura. Igualmente el uniformado aclaró que la ordenanza que regula el tema “es nueva y también se ha formado una comisión, en la cual participamos y damos algunos marcos (de actuación) en cuanto a lo que podemos ser explícitos”, precisó.
“Estamos dándole tiempo” al municipio, indicó. “Yo creo que a fin de año o con una nueva gestión política se tomarán las decisiones definitivas”, agregó Zárate.
Desde el municipio, en tanto, se señaló que las posibilidades son limitadas si no se actúa en conjunto con la Justicia. A instancias de la División Trata de Personas de la Policía provincial, el juez de Instrucción Nº 5 Ricardo Bonazzola ordenó el 14 de junio una serie de allanamientos en los nueve prostíbulos que la Policía tiene registrados en Paraná. Producto de esos allanamientos -donde no se habrían encontrado a menores ejerciendo la prostitución- el juez derivó la investigación al fiscal para que la amplíe.

Con ese resultado, la Policía presentó una nota al municipio (y también ante la Defensoría del Pueblo) instando a la clausura de los mismos. Se apoyó para ello en el texto de la recientemente sancionada Ordenanza N° 8.599 que penaliza no la prostitución en sí, sino a quienes obtengan un beneficio de la prostitución de terceros: los proxenetas.
Sin embargo esa ordenanza no habilita a la comuna a actuar en ese sentido, ya que -además de prohibir la habilitación de cabarets, whiskerías o cualquier otra denominación de los prostíbulos- establece que caducarán en un plazo de un año las habilitaciones vigentes publicadas en junio.
Lo del plazo de un año fue una modificación al proyecto original de la ordenanza, que planteaba la caducidad automática, pedido por la Asociación de Mujeres Meretrices con la intención de que las prostitutas tengan tiempo de buscar otra inserción laboral.
Sin embargo, en Paraná la mayoría de estos locales funciona bajo la figura del “bar sin elaboración de comidas”, y en la mayoría de los casos con una habilitación en trámite, pero no otorgada. Desde el municipio se señala que la clausura por incumplimiento de esa habilitación sería sólo por unos días y que la autoridad competente para combatir el proxenetismo es la Justicia.
Pese a esto, se han logrado avances importantes en el marco del Programa de Prevención, Asistencia y Protección de las Víctimas de Trata de Personas. Estos avances incluyen, en lo relativo a la lucha contra la explotación de la prostitución, una coordinación con organizaciones no gubernamentales, la Policía, el Poder Judicial y otros estamentos para avanzar en la tarea propuesta. Se espera, en breve, avanzar en la clausura de los locales donde funcionan estos prostíbulos.

El listado de la Policía
El relevamiento policial dio cuenta de que en Paraná funcionan nueve prostíbulos encubiertos: El zorzal, de Mónica Álvarez; El Ángel Vip, de Adán Delaudo; Reina de la Noche, de Julio Vaillard; Barrabás, de José Vaillard; Quequén, de Gustavo D’Agosto; Robert´s, de Roberto Morel Benítez; Victoria 80, de Carla Berg; La escalera, de Claudia Carpio, y Pensión 14, de Graciela Ortiz.

Según fuentes del municipio, en algunos de estos locales se impide el ingreso de los inspectores del área de Habilitaciones municipal, argumentando que el área donde se consuma el ejercicio de la prostitución es parte de la vivienda familiar de los dueños del supuesto bar, que en realidad encubre un prostíbulo.