Prisión domiciliaria para el principal sospechoso por el ataque a Sergio Varisco

Las defensas de los tres imputados por la agresión al intendente de Paraná por la Alianza Cambiemos, Sergio Varisco, rechazaron el pedido de Fiscalía y querella para que cumplan la prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 por el plazo de 30 días.

La jueza hizo lugar al rechazo entendiendo que los roles que realizaron eran muy distintos, pero les impuso restricciones que comprenden a la hija de Varisco. Tuvo contacto en la audiencia con el video de la agresión.

Redacción El Diario | coordinacion@eldiario.com.ar

La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, resolvió este jueves hacer lugar a los pedidos de las defensas de los tres ciudadanos imputados de los delitos de Lesiones graves y Coacciones agravadas, en relación a la agresión que sufrió el intendente de Paraná por la Alianza Cambiemos, Sergio Varisco, el martes alrededor de las 16. Así, entendió que por el grado de participación que se desprende del video que circuló con un segmento del ataque a Varisco, a Juan Ignacio Musuruana, de 26 años, le cupo el arresto domiciliario por 30 días, y a Verónica Julieta Gauna, de 40 años, y Claudio Javier Godoy, de 46 años, la excarcelación con restricciones. Barbagelata tomó conocimiento de un fragmento de la agresión a través del celular de la fiscal Mercedes Nin, que le facilitó el video que cobró estado público y se difundió por redes sociales y medios de comunicación.

Excarcelados

La resolución de la jueza consistió en imponer a Gauna, que es defendida por Humberto Franchi, y Godoy, que es representado por Javier Aiani, “como medidas de coerción sin prisión por el término de 30 días” la obligación de mantener el domicilio dado en la presente audiencia, no pudiendo modificarlo sin dar previo aviso a la Fiscalía; la prohibición de realizar cualquier tipo de actos molestos, violentos, intimidatorios y perturbadores, por sí o por otra persona, o por cualquier medio hacia los testigos del caso, especialmente los de Fiscalía; la prohibición de ingreso a la Municipalidad de Paraná, la obligación de mantenerse a una distancia mínima de 200 metros del domicilio de Varisco y su hija, Lucía Varisco, y los testigos de la causa; y la obligación de mantenerse a una distancia mínima de 100 metros del intendente Varisco. Esto implica que si el intendente, en la medida en que el delicado cuadro de salud que atraviesa se lo permita, visita un barrio o realiza una actividad relativa a su función, los imputados deberán retirarse inmediatamente.

Domiciliaria

En relación a Musuruana, que es defendido por los defensores públicos Jorge Sueldo y Jorge Balbuena, y quien en primera instancia y según la acusación perpetró la agresión física, la jueza resolvió decretar la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por el término de 30 días, bajo la responsabilidad del padre, quién se comprometió a imponerle la prohibición de realizar cualquier tipo de actos molestos, violentos, intimidatorios y/o perturbadores, por sí o por otra persona, o por cualquier medio hacia Varisco, su hija y los testigos del caso. La restricción hacia la hija del intendente se fundó en que las amenazas la comprendieron, habida cuenta que se escucha que Musuruana le reprocha al intendente que aquella le prometió darle trabajo.

Actitud

Los fiscales Nin y Álvaro Piérola, y los querellantes, Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, destacaron la gravedad institucional que reviste el hecho y resaltaron que un testigo presencial de la agresión fue reticente a declarar por temor a posibles represalias. En relación a este testigo, los fiscales enfatizaron que el hombre les manifestó que le dijo a Gauna que tranquilizara a Musuruana, y precisaron que añadió que aquella “se cruzó de brazos y le respondió ‘no, que lo mate nomás’”.

Defensas

A su turno, las defensas coincidieron en cuestionar que la imputación es genérica, no discrimina roles y endilga a los tres imputados el mismo grado de participación. En este sentido, Franchi señaló que la imputación “está mal” y sostuvo que Gauna no agredió ni insultó a Varisco, incluso dijo que su defendida no estuvo en el despacho del intendente en una reunión, durante la mañana, en la que aquel les habría dicho que no podía darles trabajo porque la gestión estaba en su tramo final. Franchi explicó que el principal testigo de la acusación no tuvo miedo de declarar por una posible agresión, sino que fue reticente porque está cumpliendo una condena y temería perder los beneficios de los que goza. A su turno, Aiani expresó que Godoy se ubico a una distancia considerable del lugar del hecho y de modo “pasivo”. Ambos defensores coincidieron en calificar la imputación como “absurda”.

Por su parte, Sueldo manifestó su “férrea oposición” al planteo de las acusaciones e ironizó –“a la hora de hacer elucubraciones e hipótesis”- en que el temor del testigo a represalias podría encontrarse en allegados o partidarios del intendente. También cuestionó que la querella habló de “hipótesis plausibles” para fundar el encierro preventivo, destacando que el Código requiere de “peligros concretos”, que “acá no se dan”. El defensor rechazó el planteo de las acusaciones respecto a que los imputados huyeron del lugar. Así, señaló que el video los muestra en el lugar cuando llega la Policía, y dijo que Musuruana se entregó en comisaría octava al día siguiente.

Desazón

Fuentes judiciales deslizaron que la querella se retiró de la audiencia con un “cierto sinsabor”. En este sentido, se precisó que “esperaban una medida cautelar más fuerte contra los agresores de Varisco” en función de lo que se consideró “las marcadas asimetrías que existen en la Justicia Penal provincial”.

En fundamento de aquella desazón, se recordó que “a José Escobar (secretario de Medios y Comunicación de la Municipalidad de Paraná), por una denuncia de Josefina Etienott (vice intendenta de Paraná por Cambiemos), por un hecho atípico y nimio al lado de éste, lo privaron 30 días de su libertad. A Varisco, por un feroz e incalificable ataque físico seguido de coacciones agravadas, apenas dictan la prisión domiciliaria para el actor principal del ataque y un par de medidas muy livianas para los otros dos imputados”.

En este sentido se planteó “¿cuál es el criterio o parámetro con que se evalúan estos aspectos? ¿Si la violencia física seguida de coacciones las hubieran sufrido miembros del Poder Judicial, las medidas cautelares hubiesen sido estas mismas?”.

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