Pasó seis años preso por un crimen que no cometió y no lo indemnizarán

El Tribunal Superior de Justicia comprobó que uno de los testigos mintió al asegurar que el hombre había cometido un asesinato. Lo absolvieron de inmediato pero la Justicia determinó que no debía ser indemnizado por el Estado.

Se cumplieron ocho años de un fallo judicial inédito: Julio Figueroa estuvo casi seis años preso por un asesinato que no cometió y fue absuelto por el Superior Tribunal de Justicia al comprobarse que el testigo que lo incriminó había mentido. Sin embargo, pese al daño que le ocasionó el error de la Justicia, la misma decidió que el Estado no debe indemnizarlo. Entre abogados, fiscales y jueces de todas las categorías, alrededor del dinero de la reparación, y el estigma de haber estado en la cárcel, rearmar su vida y planificar un futuro sigue siendo una tarea difícil.

Nadie podía creer en el barrio La Floresta cuando en 1999 condenaron a Julio Figueroa a 20 años de prisión, por el crimen de Miguel Ángel Martínez, ocurrido el año anterior en el barrio La Delfina de Paraná. “Si nunca anduvo en nada”, se decía. Tenía 19 años. Los únicos que creyeron su culpabilidad fueron los vocales de la Sala 2 de la Cámara del Crimen, Pablo De la Vega, Silvia Teresita Nassar y Arturo Landó.

La madre del chico, María del Carmen, y su padre, Julio, no bajaron los brazos y pelearon varios años para demostrar su inocencia. Hasta que en un juicio se pudo comprobar que el testigo Javier Orrego mintió y fue condenado a un año y medio de prisión condicional. Finalmente, el 20 de febrero de 2004 el STJ ordenó devolverle a Figueroa la libertad que le habían quitado. Tenía 25 años, habían pasado seis.

Los dos motines (“todos contra todos”, los describe) y los traslados permanentes es lo que Julio cuenta de los años de encierro, aunque recuerda mucho más. “Los penales de la provincia los conozco a todos, porque el penal de Paraná tenía que quedar limpio. Hasta el sur fui a parar”, dijo, por una estadía que le tocó en la cárcel de Rawson.

Hoy tiene 33 años. En la vivienda guarda los registros judiciales y periodísticos de su historia: títulos que señalan su inocencia, fallos adversos a su reclamo de indemnización y raros papeles firmados por autoridades y abogados.

Entre ellos se ve un “acuerdo extrajudicial” presentado a la ex fiscal de estado provincial y actual vocal del STJ, Claudia Mizawak, para recibir 250.000 pesos por el daño que le causaron. Lo “bicicletearon”, dice, un año entero y el dinero no apareció. Luego una sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº 8, de diciembre de 2006, le rechazó el pedido de indemnización de 300.000. ¿El argumento? Debía reclamarle al testigo que mintió, y no al Estado.

“Ellos mismos se hacen cargo de que hubo un error judicial, pero que yo tengo que reclamarle al testigo y no al Estado”, explica Julio. “No van a reconocer que fueron ellos, más vale, siempre van a culpar al testigo, pero ¿quien es la justicia?”, se pregunta María del Carmen. Además, afirman que “hubo arreglo con los políticos”, de parte de los diferentes abogados que lo fueron asistiendo, para que todo quede en la nada.

Pero eso no fue todo. Fuera del edificio de los Tribunales otras puertas también se cerraron. Conseguir un trabajo fue imposible: no importa si había matado o no, el sólo hecho de haber estado en la cárcel fue suficiente para arruinar su currículum. “Nunca recibí ayuda de nadie, de nada, menos que menos del Estado”, cuenta, y agrega. “Se te cierran todas las puertas de todos lados, ya el haber estado ahí, nomás…”.

Su madre prefiere no recordar aquellos años de pelea en los pasillos de Tribunales y hoy celebra tener a su hijo: “Yo ya no me acuerdo más nada, me olvidé de todo. Yo lo único que sé es que él está acá, logré lo que yo quería, demostrar que él nunca tuvo nada que ver. Los que lo conocen a él se lamentaban porque nunca lo vieron robando ni nada por el estilo, no era un chico de andar así”, dice orgullosa.