Marcela y Felipe Noble aceptaron extraerse sangre para cotejar su ADN

Dicen que «quieren poner fin al hostigamiento y llevar tranquilidad a su madre»; el material genético será confrontado con el banco de datos del hospital Durand.

Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, le acaban de comunicar a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que, para «poner fin al acoso y persecución política y mediática de que son objeto», aceptan practicarse cuanto antes el examen de ADN contra todo el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

La causa para averiguar la filiación de Marcela y Felipe comenzó hace diez años y si bien los jóvenes aceptaron someterse en 2003 a una extracción de sangre -lo que hubiera resuelto el conflicto-, la organización Abuelas de Plaza de Mayo y las dos familias querellantes dilataron sucesivamente el desenlace con nuevas medidas: desde entonces, la justicia ordenó múltiples allanamientos y secuestró prendas con muestras de ADN, nada de lo cual conformó a las querellantes.

En un escrito que acaban de presentar a la magistrada federal de San Isidro, Marcela y Felipe expresaron que, «resignando sus derechos constitucionales» a la intimidad y a no someterse a una extracción compulsiva de sangre -prueba que no es admitida por la Corte Suprema-, ellos decidieron «no recurrir ante la Corte Suprema y pedirle a la Justicia que se lleve a cabo cuanto antes una nueva extracción de sangre para confrontar su ADN con todo el BNDG, tal como lo solicitan los querellantes y terminar así con el acoso y persecución que vienen sufriendo».

A comienzos de año, la jueza Arroyo Salgado había ordenado la extracción compulsiva de sangre y la Cámara de Casación, el mes último, confirmo la medida, pero limitó el número de familias contra los que se podía hacer la comparación.

Hace instantes, las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las familias querellantes y el Estado, a través del fiscal de Casacion Raúl Plee, presentaron su apelación ante la Corte, porque sostienen que los jóvenes no sólo deben someterse a una extracción compulsiva sino que, además, la comparación de su ADN debe hacerse contra todos los patrones familiares que existen en el BNDG.

Hace instantes, a las 9,30, también vencía el plazo para que Marcela y Felipe presentaran su apelación, pero fueron ellos los que dieron la sorpresa y decidieron no hacerlo.

«El ejercicio de nuestros derechos en la presente causa fue fuente de ataques y sufrimientos personales inenarrables. Todo calificativo que queramos utilizar es insuficiente para describir nuestros padecimientos. Es por tal razón que venimos a comunicarle que decidimos renunciar a nuestros derechos constitucionales y no buscaremos que la Corte revise la decisión de las instancias judiciales previas que ordenaron medidas compulsivas de extracción de sangre y saliva», dice el escrito que lleva la firma de Marcela y Felipe y de un equipo de seis abogados.

Marcela y Felipe también renunciaron a beneficiarse con el fallo de la Cámra de Casación Penal, que había excluido de la comparación con el ADN de Marcela y Felipe a las personas cuyos hijas dieron a luz después de ciertas fechas determinadas en las que había quedado probado el nacimiento de aquellos.

«Con el propósito de concluir con los trámites procesales que se consideren pendientes y dado que ninguna resolución judicial que nos fue favorable en esta causa jamás fue ejecutada, es que venimos también a renunciar a que se haga efectiva cualquier limitación temporal que pueda emanar de las recientes resoluciones de la Cámara de Casación».

«Para decirlo más fácil, consentimos que el peritaje comparativo a realizarse incluya a todas las familias que hayan dejado sus muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, con independencia de que, por las fechas denunciadas de sus desapariciones, aparezca como realmente imposible la existencia de un vínculo biológico con los suscriptos. Por eso, solicitamos que se fije fecha con la mayor premura posible para nuestra concurrencia al BNDG, para la extracción de las muestras», concluye el escrito de dos páginas que acaban de presentarle a la jueza.

«Marcela y Felipe están dispuestos a renunciar al derecho constitucional a la intimidad para no dilatar más esta causa, que pudo haberse resuelto hace ocho años cuando ellos ofrecieron sangre. Desde entonces, sufrieron allanamientos, requisas en la vía pública, presiones sobre la Justicia, la modificación de normas para perjudicarlos y un sostenido hostigamiento mediático y político. Ahora quieren hacerse el examen cuanto antes, para llevarle paz y tranquilidad a su madre y para poner fin a diez años de acoso», explican Hugo Anzorreguy y Alejandro Carrió, dos de los seis abogados de Marcela y Felipe que firman el escrito.

La apelación ante la Corte podía demorarse varios meses y, «mientras tanto, deberían soportar que se siga tildando a su madre de apropiadora. Así, conservar la intimidad era un precio demasiado alto para paga», afirmó Carrió.

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