Investigan si también hubo venta de balas compradas por la Justicia

Tanto en la Justicia como en la Policía, hay muchos que empiezan a atar cabos respecto de situaciones que parecían habituales y ahora vinculan al escándalo que a fines de la semana pasada salió a la luz: el robo de armas incautadas en Tribunales y su venta en el mercado ilegal. Ahora, la Fiscalía apunta a conocer si también ocurría lo mismo con las municiones que eran compradas para pericias. Por esto, ayer allanaron una armería de Paraná.

Aunque algunos ponían reparos sobre el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali (sobre todo abogados del fuero penal), su detención en el marco de esta causa resultó un baldazo de agua fría para muchos que lo entendían como “una eminencia” en el ambiente criminalístico. A su vez, el cimbronazo que provocó la investigación en el Poder Judicial pronostica cambios que se deberían haber hecho hace tiempo, sobre todo acerca de controles sobre las personas y el lugar donde se almacenan los efectos secuestrados.

La pesquisa alcanza a ocho personas, presuntamente involucradas en el robo, la venta y la compra de las armas incautadas. La mayoría quedó registrada en las escuchas telefónicas, y otros cayeron por su cargo o mencionados en declaraciones. Cada cual tuvo su rol en una práctica delictiva que se mantuvo durante mucho tiempo.

Se presume que Vitali era la cabeza de la organización, por su función en Tribunales, su acceso irrestricto al depósito y por lo tanto el manejo incuestionable que hacía de las armas secuestradas. Pero principalmente porque en una declaración ante el fiscal Ignacio Aramberry, lo mencionaron como el hombre que dirigía todas las operaciones.

Otros dos empleados de Tribunales quedaron salpicados, uno con mayor gravedad que otro: Maximiliano Bertoni, de 34 años, que trabaja en el Departamento Médico Forense, sería la conexión entre quien lograba acceder a las armas incautadas y los compradores, aunque también creen que las habría vendido directamente. El otro es Fabricio Santapaola, encargado del depósito. Al parecer, no habría ninguna prueba contundente que lo involucre en el delito, pero su función quedó en tela de juicio porque, al menos, habría omitido deberes básicos en el control del área.

Horacio y Javier Brítez son padre e hijo y ambos también quedaron enganchados en la acusación. Se cree que aportaban una vivienda que servía de aguantadero de las armas que ingresaban al mercado negro.

Mario López y Eduardo Borgogno están sospechados de conseguir los clientes del ambiente delictivo para venderles armas y repartirse el dinero de la comercialización. Borgogno tiene una relación de cercanía con un hombre de apellido Toujan, que es por quien comenzó a surgir toda esta historia. Ese sujeto, que ha tenido causas penales, es a quien la Policía le secuestró el revólver que debía haber estado en el depósito de Tribunales, o incluso ya destruido. Por último, se sospecha que Georgina Vega es una de las personas que compró un arma, a sabiendas de su origen ilícito.

El delito imputado a los funcionarios judiciales es el de Peculado en concurso real con Venta ilegítima de arma de fuego, agravado por la habitualidad. La pena mínima que podrían recibir de uno solo de los delitos es de cuatro años de prisión, y la máxima, contando ambos delitos, es 25 años. Es decir que difícilmente podrían zafar de la cárcel, salvo acuerdos extraordinarios con la Fiscalía en los que demuestren colaboración con la investigación para responsabilizar a otros, y logren alguna atenuación de las penas.