Funcionarios nacionales deben declarar por la venta de la sede de los canillitas
Funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación deberán viajar a esta capital para reconocer si las firmas que se plasmaron en un documento en el cual se vendió la sede del Sindicato de Canillitas de Paraná a la Caja Previsional de Médicos y Bioquímicos les pertenece o no. La pericia se da en el marco del juicio que lleva adelante el gremio que aglutina a los diarieros luego de una operación que califican de fraudulenta.
El desenlace de la historia empezó en julio del año pasado cuando la persona que cuidaba el Sindicato de Canillitas fue desalojada y días después un grupo de vendedores de diarios llegó a la sede de calle Belgrano 454 y se encontró con que la casa tenía un candado que no se correspondía con sus llaves. Pasó un tiempo y la preocupación se fue alimentando. Al mes y medio recién hicieron la denuncia. En ese primer momento sospecharon que se encontraban ante una usurpación. Pero el caso fue aún peor: no había gente ocupando el lugar, sino una empresa constructora demoliéndolo.
El local había sido comprado en agosto, es decir un mes antes a la denuncia, por la entidad de bioquímicos y médicos. A partir de allí la causa, que recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Carlos Ríos, cambió de carátula pasando de una denuncia por usurpación a un fraude.
ECOS. El principal acusado es Ricardo Luis Blanché, ex agente de la Policía de la provincia. Se trata del hombre que llegó un buen día a la sede gremial y ante la acefalía de la Comisión Directiva del Sindicato de Canillitas desde el año 2000, llamó a una asamblea en la que se terminó nombrando a él y a Néstor Edgardo Leiva al mando de la supuesta “organización” del sindicato. Luego se hicieron otras asambleas en las que se decidió la venta del inmueble.
En la operación aparecen supuestas firmas de los integrantes de esa “comisión reorganizadora”: las de Iván Medina, Juan Domingo Ciocca, Mario José Tossi y Daniel José Piffliguer. Con esas rúbricas falsificadas y en nombre del gremio en proceso de regularización vendieron el inmueble que tenía 750 metros cubiertos con distintas dependencias y hasta un salón para albergar hasta 250 personas.
“Hoy la causa ha avanzado, y en los próximos días se estará citando a indagatoria a Blanché y Leiva por el delito de defraudación y falsificación de documentos. Entre las medidas que quedan pendientes está la pericia del perito calígrafo a los fines de saber si las firmas falsificadas corresponden a un solo cuerpo escritural o de varias personas”, contó el abogado querellante, Guillermo Mulet.
Pero el dato más significativo es el llamado a indagatoria de funcionarios nacionales. “Se ha solicitado, que de manera urgente, se cite a prestar declaración testimonial a las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación a los fines de que reconozcan o nieguen la veracidad de la documental, como así también sus firmas insertas en dichos documentos que obran en la causa”, comentó el letrado. Sucede que el organismo nacional tiene a Blanché como el presidente de la Comisión Regularizadora del sindicato, pero nunca se constató que fuera canillita.
“De confirmarse las sospechas de que las firmas son falsificadas, se ampliaría la acusación por el delito de falsificación de sellos y documentos públicos.
Por otra parte, de haber autorizado el Ministerio tales actos podría caber la responsabilidad funcional, política y civil de las autoridades que intervinieron en el acto”, analizó Mulet, quien cree que a los funcionarios le falsificaron las firmas.
La sede gremial fue vendida en 250 mil dólares. La cotización en el mercado ronda los 750 mil dólares.
DEMANDA. La demanda civil, por reparación de daños y perjuicios, está a la espera del resultado de la investigación penal, pero cabe aclarar que desde un principio la Caja de Previsión Social de Médicos y Bioquímicos “ha mantenido su buena voluntad a los fines no solo de colaborar con la investigación, sino también de ayudar de alguna forma a los canillitas, solo que el proceso de conversaciones con los mismos se suspendió por voluntad de los canillitas, lo que no implica que en algún momento se reencause”, apuntó Mulet.
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