Empieza el primer juicio por crimenes cometidos durate la dictadura en Entre Ríos

Seis represores están imputados por sustracción de menores y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Cuarenta y nueve testigos están citados a declarar. Cinco militares y un médico serán sometidos a juicio en Paraná por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná en momentos en que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz, en marzo de 1978.
Raquel Ángela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros.
La mujer tenía 28 años, había nacido en Santa Fe y militaba en la organización Montoneros. Cuando fue secuestrada cursaba un embarazo de siete meses y con ella estaba también Sebastián, que tenía un año y medio y era el hijo que había tenido con Marcelino Álvarez, desaparecido a fines de 1976.
En los primeros días de marzo los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, a cargo de Guerrieri, idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz. La mujer fue internada en el Hospital de Evacuación 121 de Paraná (Hospital Militar) como sobrina de Leopoldo Fortunato Galtieri, que era entonces el jefe del Segundo Cuerpo de Ejército y tenía a su cargo la estructura militar en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
Raquel Negro fue alojada en la Sala I del Hospital Militar y mientras duró su convalecencia su custodia estuvo a cargo de personal de las Fuerzas Armadas. De hecho, la habitación tenía dos camas, una ocupada por ella y otra por el custodio.
Según la investigación judicial, dio a luz a un varón y una nena y horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud, e ingresados como “López, Soledad” y “López, NN”. El egreso de ambos fue registrado dos semanas después. Una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé.
Raquel Negro, en tanto, fue devuelta sin vida a Rosario y su cuerpo habría sido arrojado en los denominados “vuelos de la muerte”, junto con otros 14 dirigentes montoneros que estaban secuestrados en el centro clandestino de detención La Intermedia, una quinta de la familia Amelong, ubicada en el kilómetro 24 de la autopista Rosario-Santa Fe.
Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad y supresión de sus estados civiles. Salvo Guerrieri, que podría acogerse al beneficio del arresto domiciliario y afrontar el costo de un alquiler, el resto de los militares imputados serán alojados en el Pabellón 5 de la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana, donde se encuentran los ex agentes de fuerzas de seguridad y los represores imputados en la causa denominada Área Paraná.
Para el juicio están citados a declarar 49 testigos. La nómina incluye, entre otros, a Sabrina Gullino, su hermano Sebastián Álvarez; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Cardozo; Jaime Drí, sobreviviente de la Quinta de Funes; los periodistas Miguel Bonasso, Carlos Del Frade y Reynaldo Sietecase; el represor Eduardo Costanzo, que aportó datos clave sobre el operativo; y las enfermeras que atendieron el parto y luego a los mellizos. Finalizada esta etapa se realizarán inspecciones judiciales en el Hospital Militar y en el Instituto Privado de Pediatría, por lo que el juicio duraría alrededor de dos meses.
Precisamente Costanzo será el primero en declarar, el 31 de agosto, y la policía ya tiene preparado un operativo de seguridad inédito, ya que el represor, que goza del beneficio del arresto domiciliario en Rosario, ha recibido varias amenazas de muerte.
El tribunal estará integrado Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos –María Ivón Vella será jueza sustituta–. Vallejos es juez federal de Corrientes y Vella es integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Ambos fueron designados en virtud de la vacante que tiene el cuerpo local desde la jubilación de David Chaulet.
Los fiscales serán Marina Herbel y José Ignacio Candioti; los querellantes serán Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación; Ana Oberlin y Álvaro Baella, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo; y Álvaro Piérola y Florencia Amore, por Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez y la agrupación Hijos. En tanto, Mario Franchi será el defensor oficial de los militares imputados y Humberto Franchi será el abogado de Zaccaría, quien también está con arresto domiciliario.
Las audiencias se desarrollarán los días miércoles, jueves y viernes en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones y el debate se extenderá hasta el 16 de septiembre.

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